citamarcelino "Por lo que respecta al sindicalismo ultra izquierdis­ta podemos decir que parte del principio, no confirma­do nunca en la historia, de que la transformación de la sociedad es simplemente obra de la voluntad combativa de una minoría. Esta concepción basa su acción en lo que ayer los anarquistas llamaron «grupos específicos» y hoy otros llaman «vanguardias», pero que en lo fundamental es la negación de la lucha de masas y de su papel primordial.".
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Julian Grimau

juliangrimauEn la madrugada del 20 de Abril de 1963, 27 descargas de fusiles (y dos tiros de gracia) acababan con la vida del dirigente comunista Julián Grimau ,condenado en Consejo de Guerra por un delito de rebelión contra el régimen Franquista.

En el Consejo de Ministros que debía ratificar la condena, celebrado apenas nueve horas antes del fusilamiento, ninguno de los asistentes votó a favor de la concesión del indulto, a pesar de que sobre la mesa estaba listo el proyecto de Ley que creaba el Tribunal de Orden Público (TOP),que excluía de la jurisdicción militar los asuntos relacionados con la disidencia política.

Julián Grimau García nacio el 18 de febrero de 1911, en el seno de una familia numerosa  y en la madrileña calle del Paseo del Rey, nº 14, . Hijo de María García Ruiz y  Enrique Grimau Mauro ( licenciado en Derecho).

 

Su padre ingresó en la Policía, llegando a ser comisario en Barcelona, aunque su ideario liberal le hace abandonar el cuerpo, al no estar de acuerdo con los sanguinarios métodos represivos del militar Severiaro Martínez Anido (Gobernador civil de Barcelona durante la dictadura de Primo de Rivera y Ministro de Orden Público del primer gobierno del general Francisco Franco).

Enrique Grimau pasará entonces al negocio editorial, trabajando en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Ya en la II República, ocupará varios cargos políticos de segundo orden.

Julian Grimau, en su juventud militó en Izquierda Republicana. Al comenzar la Guerra Civil, participa en el asalto al Cuartel de la Montaña y en los combates contra los sublevados que tienen lugar en la sierra madrileña. Poco después ingresa en la policía, haciéndose del PCE casi al mismo tiempo.

Destinado a Barcelona.  Grimau fue acusado por los Franquistas de cometer torturas y asesinatos en una "checa" de Barcelona durante la Guerra Civil y en el ejercicio de su labor como policía también durante la contienda. Las acusaciones, además de en textos de la época franquista, aparecen en el libro " Los papeles reservados" del escritor, de trayectoria franquista, Emilio Romero Gómez, sin que haya otras fuentes que confirmen estos extremos.

En 1939 marcha a Francia, mas tarde se instalará en la República Dominicana junto a su padre, aunque regresa al país galo en 1947.

Incorporado al Comité Central del PCE en 1954, entra clandestinamente en España para reorganizar el partido, y ya desde principios de los años 60 reside en este país, compartiendo su responsabilidad con Simón Sanchéz Montero y Jorge Semprún Maura.

Grimau residirá en Madrid, en casa de unos comunistas no fichados, bajo la identidad de Emilio Fernández Gil. Según Jorge Semprún, era un militante abnegado pero muy descuidado, lo cual acaba favoreciendo su detención.

Ésta se produce en Madrid, el 7 de noviembre de 1962, tras citarse en la Plaza de Roma (hoy Plaza Manuel Becerra) con un camarada que, al parecer, le delata. Se llama Francisco Lara, y compra su libertad a cambio de la delación. Tras encontrarse con Lara, Grimau sube a un bus. Entonces, seis policías caen sobre él y le llevan a la Dirección General de Seguridad, donde sólo confiesa su nombre y su pertenencia al PCE.

Durante todo el interrogatorio policial, Grimau sufre diversas torturas, siendo golpeado repetidamente en la cabeza. Según declara después a su abogado, un policía le preguntó si quería que le pegase como un médico o como un funcionario. También es arrojado desde una ventana (seis metros de caída) quedando medio inconsciente, posiblemente porque a los torturadores se le fue la mano y, pensando que estaban a punto de matarle, decidieron similar su suicidio.

La policía, por boca del ministro de Información Manuel fraga Iribarne, declaró por el contrario que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia.

Las heridas y traumatismos de Grimau son serios y tardan varios meses en curarse. Atendido en el Centro Asistencial de la calle General Ricardos, en su informe consta: "Herida contusa estrellada en región frontal izquierda con hundimiento óseo y salida de masa encefálica; fracturas de ambas muñecas, con luxación interfalángica en dedo medio de la mano derecha; pérdida de conocimiento". Además, su abogado, el militante secreto del PCE Amandino Rodríguez, no puede visitarle. En el colmo del cinismo, a Grimau se le llega a abrir otro proceso por intento de suicidio, mientras que a una comisión de tres médicos franceses se le deniega el permiso para visitarle.

Grimau fue apresado en unos momentos en que la agitación social se ha reactivado considerablemente y el fantasma del comunismo reaparece por fábricas y facultades. Por ello, el franquismo decide dar un castigo ejemplar, y Grimau será su chivo expiatorio

Durante los mese previos al Consejo de Guerra que juzgará a Grimau y en las semanas posteriores a su ejecución, las autoridades se esfuerzan en convencer a la opinón pública española ( y a la comunidad internacional ) de las presuntas atrocidades cometidas por Grimau en Barcelona durante la Guerra Civil. Se le acusa de haber torturado personalmente a varios presos antes de enviarlos al paredón, castrando a uno de ellos.

Se desata en el extranjero una campaña de solidaridad con el apresado, la prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa.

La presión no pareció afectar al general Franco, que en su línea habitual la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Y el Ministerio de Información y Turismo con Manuel Fraga al frente, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes con folletos como "Julián Grimau o el arte de fabricar una víctima", donde se resaltan sus presuntas actividades en la checa barcelonesa y se denuncia una campaña comunista para derribar el régimen.

Finalmente, el 18 de abril de 1963, a las 8:20 horas, se abre el Consejo de Guerra contra Julián Grimau. Lo preside Valentín Bulnes Alonso (coronel de Caballería). Como vocales actúan los capitanes Francisco Bravo Serrano, José Domínguez González y Luis Valín Gómez. El vocal ponente es el comandante Manuel Fernández Martín. La Fiscalía está representada por Enrique Amado, cuñado del secretario general del Movimiento (José Solís).

La sala del juicio está llena de periodistas españoles y extranjeros. Como el reglamento establece que en un Consejo de Guerra el acusado debe ser defendido por un militar, el abogado de Grimau (Amandino Rodríguez) es sustituído por el capitán Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, integrante de Acción Católica y futuro diputado por la UCD.

Quizá la figura más controvertida del proceso a Grimau sea el vocal ponente, comandante Manuel Fernández Martín, perteneciente al cuerpo jurídico militar, antiguo director de los campos de concentración franquistas en Extremadura. Ejercía su cargo desde marzo de 1937, había participado en cerca de 4000 procesos, contando en su haber con casi 1000 penas de muerte. Fernández Martín no tenía la licenciatura de Derecho (sólo había aprobado tres asiganturas del primer curso) y había ejercido su cargo alegando que su título se destruyó en la Guerra Civil. Parece ser que al principio de la contienda se hizo pasar por médico y actuó en la sanidad militar, pero le debió parecer más interesante (o menos comprometedor) el mundo del Derecho. Era sabido que, antes de juzgar a un enemigo político, leía textos sobre los crímenes republicanos para "calentarse".

A pesar del odio de Fernández Martín hacia Grimau, no encuentra ningún testigo directo de los supuestos despropósitos cometidos por el acusado, y todos los testimonios se basan en rumores o declaraciones de terceras personas ya fallecidas (o desaparecidas). Podía haber convicción moral de las atrocidades cometidas, pero no pruebas concluyentes. Fernández Martín solicita la pena capital para el acusado. Pero hay un problema jurídico: las brutalidades que se imputan a Grimau habrían sido cometidas en 1938, por lo que tras haber transcurrido 25 años ya habían prescrito, según el código de justicia militar vigente.

Para solventar este inconveniente se desempolva el viejo código de 1894, que eleva la prescripción a 30 años, y Grimau es acusado de rebelión militar continuada, lo que significa que durante la posguerra habría seguido luchando en armas contra el régimen, cosa imposible dado su prolongado exilio.

Lo único que queda probado en el juicio es que el acusado había sido jefe de la Brigada de Investigación Militar en Barcelona, y que desde hacía unos años estaba al servicio del PCE. Su abogado defensor alega que no existen denuncias ni sumarios abiertos contra Grimau al cabar la Guerra, al mismo tiempo que niega la acusación de rebelíón militar continuada. Pide la absolución de su defendido o, como mucho, tres años de prisión.

Pero la suerte de Grimau está echada de antemano. El Consejo de Ministros del día siguiente (19 de abril) delibera sobre la sentencia. Sin duda es una reunión tensa y compleja, pues dura nada menos que diez horas. Sólo Fernando María Castiella (ministro de Exteriores) viendo la repercusión que podría tener la ejecución de Girmau en el ámbito internacional, pone reparos. Si había pocas posibilidades de entrar en el Mercado Común, tras la condena a muerte éstas quedan reducidas a cero. Es posible que los tres ministros del Opus Dei (Ullastres, López Bravo y Navarro Rubio) también se mostrasen reticentes pero, no obstante, cuando Franco reclama una votación individual nadie se atreve a disentir.

Sólo queda la presión internacional. No sólo su abogado y los comunistas, sino todas las personalidades políticas de la dictadura que habían virado hacia posiciones aperturistas (como Ruiz Jiménez) tratan de influir en la medida de los posible. Son horas de febril actividad, con continuas vitias a personalidades que pudiesen influir en Franco, y conferencias al extranjero para tratar de que todos los dirigentes inundasen de peticiones de clamencia el palacio del Pardo. Más de 800000 telegramas llegan a Madrid pidiendo que Grimau no sea ajusticiado, entre ellos uno del papa Juan XXIII y otro del dirigente soviético Nikita Jruschov, lo cual supone que, por primera vez, un dirigente de la URSS se dirige personalmente a Franco, tratándole de "Excelencia".

También piden clemencia un gran número de estadistas, religiosos e intelectuales europeos, entre los que figuran J.F.Kennedy, Willy Brandt, Harold Wilson, Aldo Moro, el cardenal Montini o Jean Paul Sartre. Franco responde desabridamente a todos ellos, diciendo que los crímenes horrendos perpetrados por Grimau impiden cualquier clemencia hacia él.

Tras pasar la noche en el madrileño cuartel de Campamento junto al capitán Rebollo, Grimau escribe una carta para su esposa.).  Hacia las 6 de la madrugada del 20 de abril, fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel, donde debía ejecutarse el fusilamiento.

El capitán general de Madrid, García Valiño, pide un piquete de guardias civiles para el fusilamiento, pero el general de la Benemérita (Luis Zanón) se niega, no queriendo hacer el trabajo sucio del Ejército, o quizás temiendo las importantes repercusiones.

Fué el propio Franco  quien dio la orden de que los ejecutores de Grimau fueran soldados de reemplazo, y así se hizo. Jóvenes, asustados y sin experiencia de tiro. Esposado ante el paredón y alumbrado por faros de camiones, Grimau se niega a que le venden los ojos, espera con serenidad a la Muerte. Suena la descarga de 27 disparos, pero los soldados yerran el tiro, y el Grimau sólo cae herido, por lo que el teniente que mandaba el pelotón le ramata pegandole dos tiros de gracia. Según confesó años más tarde a la familia del fallecido, este acto le persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que acabó sus días en un psiquiátrico.

libertadGrimau se convierte en el último asesinado de la Guerra Civil. Durante las semanas siguientes prosiguen las manifestaciones y mítines antifranquistas por toda europa.

Julián Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.


 

 

Los asesinos de Grimau

pasaporteManuel Fernández Martín fue ponente y fiscal en miles de consejos de guerra, incluido el del histórico dirigente comunista Julián Grimau, fusilado en 1963. Pero ni siquiera aprobó primero de Derecho. Obsesionado con «los rojos», mantuvo su farsa 30 años. Cuando fue descubierto, en 1964, ya había enviado al paredón a mil personas.  Miles de sentencias podrían ser nulas


Era «una auténtica bestia», dice el abogado José Jiménez de Parga. Su nombre: Manuel Fernández Martín. Para la Historia no es nadie. Pero la viuda de Julián Grimau, fusilado en 1963, no lo olvidará nunca. Él interrogó al dirigente comunista en un consejo de guerra que espantó al mundo. Él redactó su sentencia de muerte en abril de 1963. Y, desde el estrado, fingió durante 30 años ser abogado y engañó al mismo régimen al que siniestramente sirvió.

Como fiscal o ayudante de los tribunales militares, el comandante Fernández Martín intervino en 4.000 juicios sumarísimos y envió a un millar de presos políticos a los paredones franquistas. Pero ni siquiera había aprobado primero de Derecho. Sólo por eso e incluso según la legislación de la dictadura, todos aquellos consejos de guerra fueron nulos. Y sus mil muertos víctimas de asesinato.

José Jiménez de Parga vio en directo la actuación de «la bestia» en cientos de procesos militares contra civiles, incluido el de Grimau. «Era un hombre gordito, de Badajoz, (donde nació, en 1914) que iba de simpático. Se le veía fuera del mundo judicial. Acosaba a los procesados. Les insultaba. «Un verdadero hijo de puta». Jiménez de Parga y otros se percataron del poco conocimiento de leyes de aquel hombre. Pero en aquel momento no podían sospechar siquiera hasta que punto fue un farsante.

El ponente del caso Grimau se estrenó muy pronto como impostor profesional. El 2 de octubre de 1936, con 22 años, se sumó a las tropas rebeldes, y «a los seis días fue habilitado como alférez médico», explica el magistrado Juan José del Aguila. Sólo que no era médico. Eso no le impidió participar en decenas de operaciones durante seis meses. En abril de 1937 se le nombró oficial del Cuerpo Jurídico Militar. Pero tampoco era abogado.

En Extremadura se conocía a Fernández Martín, entre otras cosas, por su actividad a favor del Movimiento, y de eso se valió para urdir su estratagema. Escribió al presidente del Colegio de abogados de Cáceres, pidiéndole un certificado que le acreditase como «una persona de conducta intachable y afecto al régimen». Cuando lo tuvo en su poder, sobre una oportuna línea en blanco de ese escrito Fernández Martín añadio: «y está matriculado en este colegio de abogados». Con ese papel, el iletrado letrado fue ascendiendo en la carrera judicial dentro del ejército. Cuando alguien le pedía el expediente académico, Fernández Martín se excusaba diciendo que se lo habían quemado durante la guerra. Nadie le puso pegas.


«La viuda del acusado, que pase». Los bedeles del tribunal militar hacían la gracia antes de cada consejo y los fascistas se la reían. A nadie le importaba dar apariencia de legalidad a aquellas pantomimas. Pero con Grimau existía la duda. Era muy tarde. Llegaba el turismo. El desarrollismo. Se aireaban en panfletos los «25 años de paz». Y la presión internacional era tan fuerte que hubo esperanzas hasta el último momento.

Fernández Martín jugaba el papel de vocal ponente en el proceso a Grimau. Enrique Eymar, «juez especial militar de Actividades Extremistas» desde 1958, presidía el tribunal. Pero tampoco era juez. Y eso era legal. «Por eso el ponente tenía tanto poder. Su misión era asesorar a los miembros del tribunal, que no tenían formación jurídica de ninguna clase», explica Alejandro Rebollo el militar que defendió a Grimau. Él, por suerte, sí era abogado. La ley daba al reo la posibilidad de elegir a su representante legal entre los tres escalafones del Ejército, pero no tenían porqué ser letrados. Y, normalmente, no lo eran porque apenas había. Rebollo fué el único actor de la representación capacitado para ejercer su papel, y el único que lo hizo. La defensa de Grimau le costó la carrera.

Nada más terminar la Guerra Civil, Fernández Martín fue director de los campos de concentración de prisioneros de Badajoz y Mérida. Y conservó los métodos. «Era bajo, rechoncho y muy moreno. De carácter muy fuerte. Un hombre obsesionado. Antes de entrar en un consejo de guerra necesitaba ponerse a tono. Y leía libros sobre los crímenes de los rojos para motivarse», recuerda Rebollo. «Me llamó para decirme que Grimau se lo merecía todo. Me dijo que lo tenía muy mal si quería defender a ese hombre. Me acusó de ser el causante de las manifestaciones en el resto de Europa en contra del juicio y de Franco. Y me tiró un periódico a la cara: Ahí está tu salario. Ya tienes una calle en Praga. Resultó que era verdad».

tribunalEl jueves 18 de abril de 1963 llovía en Madrid. A las nueve de la mañana comenzó el consejo en los Juzgados Militares de la calle del Reloj, atestados de policía y periodistas extranjeros. «Usted tendría que darle las gracias a Franco por no haber cumplido condena tras la Guerra Civil», le espetó el falso ponente a Grimau. «Así empezaba con todos», recuerda Jiménez de Parga. «Todos lo militares tenían el sable encima de la mesa». Junto a un crucifijo y el Código Militar. Fernández Martín no fue el único. «Había 50.000 como él. Gente que se hizo pasar por lo que no era en el Ejército argumentando que su título se había perdido en la guerra. En el cuerpo jurídico militar se metía todo el que quería. Lo más vergonzoso es que ningún colegio de abogados de España fue capaz de hacer nada hasta 1963. No fueron capaces de defender a la gente que estaban fusilando». Todos los consejos eran una farsa. «Convocaban a los miembros del tribunal la noche anterior. A la mañana siguiente, ese señor se presentaba allí, con su sable, y votaba la pena de muerte».

«QUE SE CALLE»

Julián Grimau fue acusado de cometer torturas y asesinatos en una checa de Barcelona durante la guerra. Aquellos hechos no se probaron. Pero, en cualquier caso, Franco no hubiera podido condenarle por ellos tantos años después, si no se demostraba que el acusado había cometido un «delito continuado». Lo único que Grimau hizo contínuamente fue ser comunista. Rebollo basó toda su defensa en lo absurdo de considerar contínua su actividad subversiva, ya que pasó años en el extranjero y ni siquiera pudo encargarse materialmente de repartir los panfletos que le llevaron ante el pelotón. No sirvió de nada. Grimau tomó la palabra para explicar que no cometió crimen alguno y fue leal a la República. Fernández Martín le cortó. En el proceso no alegó las torturas, pero quiso explicar la razón de su herida en la frente, cuando cayó desde la ventana de la Dirección General de Seguridad. El ponente le volvió a acallar. A las dos de la tarde, el juicio había terminado. Y Grimau era condenado a muerte por «rebelión militar».

Su vida pasó a manos del Consejo de Ministros, que podía haber conmutado su pena al día siguiente. De los 19 hombres que se sentaron junto a Franco, 7 eran militares, tres pertenecían al Opus Dei, algunos provenían del Movimiento, como José Solís Ruiz y Manuel Fraga, en ese momento con la cartera de Información y Turismo, y el resto eran tecnócratas sin afiliación. Entre ellos Fernando María de Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, que intentó oponerse argumentando la repercusión internacional del fusilamiento. El consejo duró más de 10 horas y Franco quiso una votación formal y explícita, explica Pedro Carvajal en su biografía de Grimau. Todos votaron a favor.

Pero dos semanas antes, el 5 de abril, el Consejo de Ministros había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público. Manuel Fraga lo recoge en sus memorias. Sin embargo, el Ministro de Información y Turismo ni siquiera lo comentó en la rueda de prensa posterior al consejo. La noticia se ocultó hasta 10 días después del fusilamiento. La creación del Tribunal impedía, por principio, que un consejo de guerra juzgase a Grimau. Y si se hubiera sabido, el indulto hubiera sido automático.

Los amigos y compañeros de Grimau estaban en ascuas. Esa noche, Joaquín Ruiz Jiménez y José Jiménez de Parga se fueron a buscar a Fraga a una recepción en la embajada de Colombia. «¡Nos dijo que no había que preocuparse, que no le iban a fusilar!», recuerda Jiménez de Parga. Una hora después Rebollo fue llamado urgentemente. Grimau iba a ser ejecutado.

«Fue una noche horrible. Llamamos a todas partes. Mi mujer llamó al Vaticano», cuenta Jiménez de Parga. «El secretario del Papa (Juan XXIII) le dijo que estaba descansando pero que no se preocupase». Rebollo pasó esa noche en capilla con el condenado. A las 6 de la mañana, esposado y en el paredón, Grimau le abrazó. Después, 27 disparos le hicieron saltar por los aires. Cuando cayó al suelo no estaba muerto. Alguien le gritó a un teniente para que disparase los tres tiros de gracia.


En 1964, Fernández Martín fue descubierto. Sólo la Universidad de Sevilla pudo certificar que había estudiado allí. Aprobó tres asignaturas. Dos años después fue condenado a un año y seis meses. El tribunal tuvo en cuenta, como atenuante «que no pretendió causar daños de tanta gravedad». Murió poco después. No entendía por qué se le había sometido a tal «humillación».

Rehabilitación de Grimau

Con la llegada de la democracia, a partir de 1975, se abría teóricamente la posibilidad de revisar el caso Grimau y el de otras víctimas de la dictadura. Sin embargo, los acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa supusieron de facto una Ley de Punto Final.

En términos generales, se procuraba olvidar los aspectos más oscuros del régimen anterior y enterrar definitivamente la memoria de la República y la guerra.

En los años 1980, según testimonios de militantes del PCE y de familiares de Grimau, el ayuntamiento de Madrid, a la sazón dirigido por Enrique Tierno Galván,  propuso extraoficialmente rebautizar la avenida del Mediterráneo como avenida de Julián Grimau (existen calles y edificios públicos con el nombre de Grimau en numerosas ciudades fuera de España).

Desde mediados de los años 1990, sin embargo, la consolidación de la "democracia" y el tiempo transcurrido desde la guerra, además del fallecimiento de la mayoría de sus actores (lo que hacía menos conflictiva cualquier referencia a la misma), ha venido propiciando que se empezara a reivindicar en el ámbito parlamentario la memoria y reparación de los represaliados.

Buena parte de las iniciativas en este sentido procedían y proceden de Izquierda Unida y el PCE

En 1990, el Supremo revisó la causa de Grimau y la dio por buena. «El caso era nulo de pleno derecho y el argumento del falso ponente fue importante, pero pesaron más los factores políticos» constata Rebollo, hoy magistrado jubilado. «Si se hubiera abierto la espita, las víctimas se contarían por miles».

El 15 de abril de 2002, Izquierda Unida presentó una Proposición no de Ley sobre la rehabilitación pública y democrática de la figura de Julián Grimau, que recibió los votos a favor de todos los partidos con representación parlamentaria excepto el Partido Popular (PP), que a la sazón gobernaba con mayoría absoluta. Porque temía que aquello se conviertiese «en un juicio contra Fraga.

El PP tenía una razón doble para oponerse y así lo expresó: por principio, es contrario a toda iniciativa política acerca de la guerra y sus consecuencias o el franquismo.

En segundo lugar, preveía que el debate sobre Grimau tenía muchas posibilidades de convertirse además en un juicio público al ministro que defendió en todos los medios de comunicación su asesinato, Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y entonces presidente de la comunidad autónoma de Galicia.

En mayo de 2005, Izquierda Unida presentó una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid (parlamento de la comunidad autónoma), para que dicha asamblea inste al gobierno a rehabilitar la figura de Julián Grimau.

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pasaporteManuel Fernández Martín fue ponente y fiscal en miles de consejos de guerra, incluido el del histórico dirigente comunista Julián Grimau, fusilado en 1963. Pero ni siquiera aprobó primero de Derecho. Obsesionado con «los rojos», mantuvo su farsa 30 años. Cuando fue descubierto, en 1964, ya había enviado al paredón a mil personas.  Miles de sentencias podrían ser nulas

Era «una auténtica bestia», dice el abogado José Jiménez de Parga. Su nombre: Manuel Fernández Martín. Para la Historia no es nadie. Pero la viuda de Julián Grimau, fusilado en 1963, no lo olvidará nunca. Él interrogó al dirigente comunista en un consejo de guerra que espantó al mundo. Él redactó su sentencia de muerte en abril de 1963. Y, desde el estrado, fingió durante 30 años ser abogado y engañó al mismo régimen al que siniestramente sirvió.

Como fiscal o ayudante de los tribunales militares, el comandante Fernández Martín intervino en 4.000 juicios sumarísimos y envió a un millar de presos políticos a los paredones franquistas. Pero ni siquiera había aprobado primero de Derecho. Sólo por eso e incluso según la legislación de la dictadura, todos aquellos consejos de guerra fueron nulos. Y sus mil muertos víctimas de asesinato.

José Jiménez de Parga vio en directo la actuación de «la bestia» en cientos de procesos militares contra civiles, incluido el de Grimau. «Era un hombre gordito, de Badajoz, (donde nació, en 1914) que iba de simpático. Se le veía fuera del mundo judicial. Acosaba a los procesados. Les insultaba. Un verdadero hijo de puta». Jiménez de Parga y otros se percataron del poco conocimiento de leyes de aquel hombre. Pero en aquel momento no podían sospechar siquiera hasta que punto fue un farsante.

El ponente del caso Grimau se estrenó muy pronto como impostor profesional. El 2 de octubre de 1936, con 22 años, se sumó a las tropas rebeldes, y «a los seis días fue habilitado como alférez médico», explica el magistrado Juan José del Aguila. Sólo que no era médico. Eso no le impidió participar en decenas de operaciones durante seis meses. En abril de 1937 se le nombró oficial del Cuerpo Jurídico Militar. Pero tampoco era abogado.

En Extremadura se conocía a Fernández Martín, entre otras cosas, por su actividad a favor del Movimiento, y de eso se valió para urdir su estratagema. Escribió al presidente del Colegio de abogados de Cáceres, pidiéndole un certificado que le acreditase como «una persona de conducta intachable y afecto al régimen». Cuando lo tuvo en su poder, sobre una oportuna línea en blanco de ese escrito Fernández Martín añadio: «y está matriculado en este colegio de abogados». Con ese papel, el iletrado letrado fue ascendiendo en la carrera judicial dentro del ejército. Cuando alguien le pedía el expediente académico, Fernández Martín se excusaba diciendo que se lo habían quemado durante la guerra. Nadie le puso pegas.

Intelectuales y partidos de oposición piden su retirada

Los bedeles del tribunal militar hacían la gracia antes de cada consejo y los fascistas se la reían. A nadie le importaba dar apariencia de legalidad a aquellas pantomimas. Pero con Grimau existía la duda. Era muy tarde. Llegaba el turismo. El desarrollismo. Se aireaban en panfletos los «25 años de paz». Y la presión internacional era tan fuerte que hubo esperanzas hasta el último momento.

Fernández Martín jugaba el papel de vocal ponente en el proceso a Grimau. Enrique Eymar, «juez especial militar de Actividades Extremistas» desde 1958, presidía el tribunal. Pero tampoco era juez. Y eso era legal. «Por eso el ponente tenía tanto poder. Su misión era asesorar a los miembros del tribunal, que no tenían formación jurídica de ninguna clase», explica Alejandro Rebollo el militar que defendió a Grimau. Él, por suerte, sí era abogado. La ley daba al reo la posibilidad de elegir a su representante legal entre los tres escalafones del Ejército, pero no tenían porqué ser letrados. Y, normalmente, no lo eran porque apenas había. Rebollo fué el único actor de la representación capacitado para ejercer su papel, y el único que lo hizo. La defensa de Grimau le costó la carrera.

Nada más terminar la Guerra Civil, Fernández Martín fue director de los campos de concentración de prisioneros de Badajoz y Mérida. Y conservó los métodos. «Era bajo, rechoncho y muy moreno. De carácter muy fuerte. Un hombre obsesionado. Antes de entrar en un consejo de guerra necesitaba ponerse a tono. Y leía libros sobre los crímenes de los rojos para motivarse», recuerda Rebollo. «Me llamó para decirme que Grimau se lo merecía todo. Me dijo que lo tenía muy mal si quería defender a ese hombre. Me acusó de ser el causante de las manifestaciones en el resto de Europa en contra del juicio y de Franco. Y me tiró un periódico a la cara: Ahí está tu salario. Ya tienes una calle en Praga. Resultó que era verdad».

El jueves 18 de abril de 1963 llovía en Madrid. A las nueve de la mañana comenzó el consejo en los Juzgados Militares de la calle del Reloj, atestados de policía y periodistas extranjeros. «Usted tendría que darle las gracias a Franco por no haber cumplido condena tras la Guerra Civil», le espetó el falso ponente a Grimau. «Así empezaba con todos», recuerda Jiménez de Parga. «Todos lo militares tenían el sable encima de la mesa». Junto a un crucifijo y el Código Militar. Fernández Martín no fue el único. «Había 50.000 como él. Gente que se hizo pasar por lo que no era en el Ejército argumentando que su título se había perdido en la guerra. En el cuerpo jurídico militar se metía todo el que quería. Lo más vergonzoso es que ningún colegio de abogados de España fue capaz de hacer nada hasta 1963. No fueron capaces de defender a la gente que estaban fusilando». Todos los consejos eran una farsa. «Convocaban a los miembros del tribunal la noche anterior. A la mañana siguiente, ese señor se presentaba allí, con su sable, y votaba la pena de muerte».

«QUE SE CALLE»

Julián Grimau fue acusado de cometer torturas y asesinatos en una checa de Barcelona durante la guerra. Aquellos hechos no se probaron. Pero, en cualquier caso, Franco no hubiera podido condenarle por ellos tantos años después, si no se demostraba que el acusado había cometido un «delito continuado». Lo único que Grimau hizo contínuamente fue ser comunista. Rebollo basó toda su defensa en lo absurdo de considerar contínua su actividad subversiva, ya que pasó años en el extranjero y ni siquiera pudo encargarse materialmente de repartir los panfletos que le llevaron ante el pelotón. No sirvió de nada. Grimau tomó la palabra para explicar que no cometió crimen alguno y fue leal a la República. Fernández Martín le cortó. En el proceso no alegó las torturas, pero quiso explicar la razón de su herida en la frente, cuando cayó desde la ventana de la Dirección General de Seguridad. El ponente le volvió a acallar. A las dos de la tarde, el juicio había terminado. Y Grimau era condenado a muerte por «rebelión militar».

Su vida pasó a manos del Consejo de Ministros, que podía haber conmutado su pena al día siguiente. De los 19 hombres que se sentaron junto a Franco, 7 eran militares, tres pertenecían al Opus Dei, algunos provenían del Movimiento, como José Solís Ruiz y Manuel Fraga, en ese momento con la cartera de Información y Turismo, y el resto eran tecnócratas sin afiliación. Entre ellos Fernando María de Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, que intentó oponerse argumentando la repercusión internacional del fusilamiento. El consejo duró más de 10 horas y Franco quiso una votación formal y explícita, explica Pedro Carvajal en su biografía de Grimau. Todos votaron a favor.

Pero dos semanas antes, el 5 de abril, el Consejo de Ministros había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público. Manuel Fraga lo recoge en sus memorias. Sin embargo, el Ministro de Información y Turismo ni siquiera lo comentó en la rueda de prensa posterior al consejo. La noticia se ocultó hasta 10 días después del fusilamiento. La creación del Tribunal impedía, por principio, que un consejo de guerra juzgase a Grimau. Y si se hubiera sabido, el indulto hubiera sido automático.

Los amigos y compañeros de Grimau estaban en ascuas. Esa noche, Joaquín Ruiz Jiménez y José Jiménez de Parga se fueron a buscar a Fraga a una recepción en la embajada de Colombia. «¡Nos dijo que no había que preocuparse, que no le iban a fusilar!», recuerda Jiménez de Parga. Una hora después Rebollo fue llamado urgentemente. Grimau iba a ser ejecutado.

«Fue una noche horrible. Llamamos a todas partes. Mi mujer llamó al Vaticano», cuenta Jiménez de Parga. «El secretario del Papa (Juan XXIII) le dijo que estaba descansando pero que no se preocupase». Rebollo pasó esa noche en capilla con el condenado. A las 6 de la mañana, esposado y en el paredón, Grimau le abrazó. Después, 27 disparos le hicieron saltar por los aires. Cuando cayó al suelo no estaba muerto. Alguien le gritó a un teniente para que disparase los tres tiros de gracia.

Su mujer, Angeles Martínez -Angelita Grimau-estaba en París. Vive entre Francia y España. El teléfono de la casa de su hija suena y una mujer contesta:
-Dolores Grimau no está.
-¿Es usted Angelita?

La mujer no responde. Ya sabe que habla con una periodista. Al final se traiciona.
-Mis hijas no van a decirles nada. Estamos cansadas.

Angelita Grimau vive en silencio desde hace 40 años. Tras la ejecución quiso que se revisase el proceso. «Y el Partido no quiso saber nada. Se enemistó con ellos con toda la razón», dice Jiménez de Parga. «Fue una figura esencial. Participó en toda la campaña internacional por eso sería tan relevante que hablase», afirma José Luis Losa, periodista y experto en la causa de Grimau. «Su digno silencio se entiende. Si Julián Grimau fue una de las víctimas más tremendas de la dictadura franquista, Angelita lo es de la Transición. De su olvido y su silencio».

En 1964, Fernández Martín fue descubierto. Sólo la Universidad de Sevilla pudo certificar que había estudiado allí. Aprobó tres asignaturas. Dos años después fue condenado a un año y seis meses. El tribunal tuvo en cuenta, como atenuante «que no pretendió causar daños de tanta gravedad». Murió poco después. No entendía por qué se le había sometido a tal «humillación».

En 1990, el Supremo revisó la causa de Grimau y la dio por buena. «El caso era nulo de pleno derecho y el argumento del falso ponente fue importante, pero pesaron más los factores políticos» constata Rebollo, hoy magistrado jubilado. «Si se hubiera abierto la espita, las víctimas se contarían por miles». Izquierda Unida trató de rehabilitar su nombre en el Parlamento en 2002. El PP votó en contra, porque temía que aquello se conviertiese «en un juicio contra Fraga». IU lo ha solicitado de nuevo y, esta semana, intentará que el Gobierno reabra de oficio los procesos. Una comisión creada el 10 de septiembre estudiará la situación de las víctimas. Ellas no podrán volver a ser juzgadas.

 

 

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