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maricalJosé Manuel Mariscal Cifuentes, Secretario General Partido Comunista de Andalucía /A principios de los años 90 el Gobierno presidido por Felipe González comenzó el proceso de desmantelamiento de la banca pública española. La asunción del credo neoliberal por parte del PSOE exigía la liberalización de los principales componentes estratégicos de la economía española y, entre ellos, las finanzas. El resultado fue la creación de la Corporación Bancaria Española “Argentaria”, que agrupó a entidades como el Banco Exterior de España,  Caja Postal, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local o el Banco de Crédito Agrícola.

Tras la victoria del PP de Aznar en el 96, la privatización de la banca pública podía hacerse de un solo golpe, lo que sucedió en 1998. También fue el PSOE, en esta ocasión el de Zapatero, el que sentó las bases para la liquidación del sector financiero semipúblico de carácter social que suponían las cajas de ahorro y también fue el PP, el de Rajoy, el que terminó de dar las facilidades necesarias para que el sector financiero se haya concentrado en pocas manos (de 50 entidades a 15), tras sanear con dinero público las cajas antes de que los grandes grupos se hicieran con ellas a precio de saldo.

El resultado práctico es que tres entidades financieras (Santander, la Caixa y BBVA) concentran en sus manos el 60% del mercado y que a pesar de las ayudas públicas, en sus diversas modalidades (más de 1 billón de euros) el crédito no llega a las familias ni a las empresas. La banca ha preferido comprar títulos de deuda pública con el dinero prestado por el BCE, haciendo “caja”, lo que está provocando el estrangulamiento de las PYMES, del trabajo autónomo y de la economía social.

La crisis en la esfera financiera de la economía española se ha saldado con un reordenamiento brutal del sector, concentrando más poder en menos manos, convirtiendo a la banca en el núcleo de un poder decisorio sobre la planificación económica de un país. Que la banca no acceda, ni nadie la obligue, a hacer circular el dinero tras recibir ayudas milmillonarias provoca la dificultad de acceso a financiación sobre todo de los más débiles. Los grandes grupos empresariales ya se ocupan de tener acceso al crédito en este capitalismo de amiguetes que es España. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa y, sobre todo, la economía social se ve abocada al cierre tras exprimir a los pocos trabajadores con los que cuente cada una. Otra manera más de conformar una oligarquía de intereses empresariales que arrasan y se apropian de nichos de mercado. El ejemplo más sangrante lo vemos en el comercio. Mientras que en nuestros barrios cierran cada día cientos de pequeños comercios, las grandes superficies proliferan como setas.

El crédito a las empresas que conforman el tejido productivo de un país ayuda a conformar el modelo productivo en el modo de producción capitalista. Que el ahorro se dirija hacia la especulación inmobiliaria o hacia la cooperativa de aceite de mi pueblo es una decisión política que hoy está en pocas y ruines manos. Pretender, por lo tanto, nacionalizar el sector bancario es, cada día que pasa, una exigencia razonable y, sobre todo, necesaria si se quiere embridar la economía de un país desde una política democrática.

La Revolución Democrática que perseguimos pasa también porque el Bloque Social y Político alternativo asuma la exigencia de democratizar la economía para hacer limpia la política, y eso a su vez pasa por el control democrático de las finanzas desde la soberanía popular.

Pero mientras tanto, los resortes de poder institucional que Izquierda Unida tiene deben ser utilizados para acumular fuerzas en esa dirección, utilizando los resortes legales necesarios para hacer del crédito al tejido productivo un servicio público, no un negocio, tal y como rezaba en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones andaluzas.

El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobaba el Anteproyecto de Ley del Ente Público de Crédito, proponiendo al Parlamento que se cree, por primera vez en 25 años, un banco público en España. Esta es la respuesta a las críticas que hace un año, el todopoderoso Francisco González, presidente del BBVA, hizo a la pretensión de crear un banco público en Andalucía, afirmando que el sector público no debiera “meterse” en el sector financiero: “Es una espita más para gastar dinero de forma poco cercana a lo que el mercado requiere”, añadió.

El resultado ha sido la creación de una sociedad mercantil; una entidad financiera con orientación de banca de empresas. La entidad que se va a crear solicitará al Banco de España la autorización coloquialmente conocida como “ficha bancaria”, lo que le permitirá acceder a recursos más allá de los Presupuestos Públicos: emisión de títulos, mercado interbancario, operaciones de los Bancos Centrales y depósitos de clientes. Según la Disposición Adicional del anteproyecto, la decisión de solicitar dicha ficha se tomará por el Consejo de Gobierno una vez constituida la sociedad.

Junto con esta función de banca de empresas, el anteproyecto de ley incluye las de un servicio financiero de apoyo a las PYMES y economía social que no se limite a la venta de “productos financieros”, sino a la búsqueda de soluciones acordes a las necesidades de estas empresas, incluyendo la asistencia y formación en materia financiera. Por último, también plantea la cooperación con otras entidades financieras inspiradas en principios éticos y de apoyo al desarrollo de la economía andaluza.

Estamos satisfechos de haber conseguido una estructura de control parlamentario sobre lo que será una sociedad mercantil pública. Las puertas giratorias y el clientelismo se evitan con participación, transparencia y rendición de cuentas, en este caso, ante el Parlamento andaluz. Basta recordar la imposición desde Maastricht de la independencia de los bancos centrales del poder legislativo para dar cuenta de la importancia de este elemento en la ley.

En definitiva, esta decisión supone una ruptura absoluta con las políticas neoliberales desde los años 90 y rompe con el credo de que lo público no debe meter las narices en las finanzas, a no ser que necesite ayuda para no caer.

Sí, se puede. Se puede intervenir desde lo público en la planificación de la economía a favor de los más débiles. En Andalucía, el 90% del tejido productivo son PYMES. Asimismo, la economía social y la orientación ética y sostenible de la producción son la base de nuestra alternativa para Andalucía. A éstos va dirigido este Ente público de Crédito.

El camino a recorrer hasta poner en marcha esta experiencia alternativa de planificación democrática de la economía no va a ser fácil. El poder financiero de este país ha dado muestras sobradas de su agresividad y de su influencia política, como en el caso de la suspensión de la aplicación de la ley andaluza antidesahucios. Defender esta medida, y sus posibilidades de desarrollo futuro, es tarea también del conjunto de los sectores productivos que podrían verse beneficiados, ganando una batalla frente al oligopolio empresarial y financiero. Y a suscitar apoyos sociales a la Banca Pública nos vamos a dedicar.

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